🟩 Nuevos cambios en el Ingreso mínimo vital para 2024


El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación no contributiva que entró en vigor en el año 2020, pero desde su implementación, esta prestación sigue enfrentando ciertos problemas en su proceso de tramitación. La ministra Elma Saiz busca mejorar ciertos aspectos de esta prestación que hasta el día de hoy complican la situación de los beneficiarios.

🟩 Nuevos cambios en el Ingreso mínimo vital para 2024

Es por ello que la Ministra ha hecho especial hincapié en la necesidad de implantar mejoras en la gestión del IMV que faciliten su solicitud y tramitación. En este sentido, ha avanzado que quieren eliminar la extinción de la unidad de convivencia cuando fallece el titular, que ahora mismo supone, en la práctica, que se tenga que volver a solicitar esta ayuda. Es algo que también ocurre con el empadronamiento de una nueva persona en el hogar beneficiario del IMV, adelantando que quieren “eliminar la extinción automática”.

Además, para que la ayuda llegue a más beneficiarios, uno de los puntos pendientes del Gobierno, ha asegurado que continuarán esforzándose para dar a conocer el Ingreso Mínimo Vital entre sus potenciales beneficiarios, a través de campañas de información específicas y con medidas de “búsqueda activa”. En este sentido, ha reconocido que “no todas las personas que podrían tener derecho a la prestación terminan solicitándola”, admitiendo que es algo que les preocupa y en lo que seguirán avanzando para analizar los aspectos de mejora con los agentes sociales, el tercer sector, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 2 millones de personas y 750.000 hogares aun asi desde el Ministerio aseguran que esta cifra no estaría contemplando a todos los posibles beneficiarios.

Cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas

También se ha dado un gran paso desde el gobierno central cediendo la tramitación y gestión del Ingreso mínimo vital a las comunidades autónomas que lo soliciten, este paso podría favorecer la rapidez con la que se podría entregar esta prestación que en estos momentos se encuentra de media en 12 meses desde su solicitud. Un tiempo que deja totalmente desamparado al perceptor y que esta medida podría en parte mejorar estos tiempos.

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